El Senado de Estados Unidos rechazó ayer renovar la ley
antiterrorista de 2001, la llamada «ley Patriota», en una clara
derrota política para la Casa Blanca y los republicanos que dominan
en esa Cámara. Los partidarios de la medida sólo lograron 52 votos,
de los 60 requeridos para poner un límite de tiempo al debate y
vencer las tácticas dilatorias de la oposición demócrata, que
exigía más salvaguardas para los derechos civiles.
Pero los senadores demócratas insistieron en que debe haber un
equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles del
que carece la medida derrotada ayer. El senador demócrata Edward
Kennedy denunció que la ley establecía un «Gran Hermano» para
espiar al ciudadano de a pie.
En una clara politización del asunto ante los comicios de 2006,
otros republicanos dejaron entrever que harán responsables a los
demócratas si no se llega a un acuerdo en los próximos días y la
ley caduca a finales de diciembre. El portavoz de la Casa Blanca,
Scott McClellan, reiteró ayer que «en la lucha contra el terror, no
podemos estar sin estas herramientas clave por un solo
momento».
«No podemos proteger nuestras fronteras si no protegemos
nuestros ideales. Necesitamos un consenso bipartidista que proteja
tanto nuestra seguridad como nuestra libertad, y a la vez recuperar
la confianza del público», añadió. La medida incluye 16 artículos
que vencen el próximo 31 de diciembre pero los demócratas -y
algunos republicanos- insistieron en que la ley no incluía
suficientes modificaciones.
Bush y altos funcionarios de su Gobierno encabezaron una campaña
de presión para que el Congreso renovase la ley, por considerarla
herramienta clave en la lucha contra el terrorismo. Ahora, una
posibilidad es que el líder de la mayoría republicana en el Senado,
Bill Frist, intente llevar a votación la medida a comienzos del
próximo año.
La ley, muy criticada por grupos de derechos civiles y
centenares de comunidades en EEUU, amplía los poderes policiales
para espiar a presuntos terroristas y escudriñar los archivos
privados de los ciudadanos de a pie. La versión final del proyecto
de ley ante el Senado daba vigencia permanente a 14 artículos,
mientras que los dos restantes serían extendidos hasta el año
2009.
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