También exhorta a EEUU a considerar la posibilidad de enjuiciar a
los 520 sospechosos terroristas de pertenecer a la red terrorista
Al-Qaeda o al gobierno afgano de los talibán detenidos en
Guantánamo ante un tribunal internacional competente.
El borrador del informe ha sido elaborado por un grupo de cinco
expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y se prevé
que se haga público en los próximos días en Ginebra.
En el dossier se acusa a EEUU de denegar el derecho a los
detenidos de tener un juicio, por lo que pide a Washington que
«inicie de forma expeditiva un procesamiento judicial o que los
ponga en libertad de inmediato».
El Gobierno estadounidense restó ayer credibilidad al informe y
alegó que está basado en habladurías. «Ninguno de los que
escribieron este informe fue a Guantánamo», dijo en Washington el
portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.
Los funcionarios de Naciones Unidas «no aceptaron la oportunidad
que se les ofreció para viajar a Guantánamo y ver, de primera mano,
cómo son las operaciones» que se hacen allí, prosiguió el
portavoz.
EEUU sólo invitó a tres de los cinco especialistas que firman el
informe. La invitación no fue cursada a Leandro Despouy,
investigador especial sobre la independencia de jueces y abogados,
y a Paul Hunt, relator especial sobre derechos de la salud.
McCormack resaltó el hecho de que no se trata del informe final
de la comisión, sino de un borrador elaborado con testimonios de
individuos que abandonaron Guantánamo y de sus abogados.
En su informe, los expertos recomiendan a los EEUU que, hasta
tanto los reclusos no sean transferidos a territorio
estadounidense, «se abstengan de practicarles la tortura, la
discriminación en base a la religión, así como violaciones al
derecho a la salud y a la libertad».
En particular, anotan, deben cesar de inmediato las técnicas
especiales en los interrogatorios autorizadas por el Departamento
de Defensa, por considerar que son demasiado violentas.
Además, señalan que EEUU debería poner fin a otras prácticas que
también consideran actos de tortura, entre ellas, la alimentación
forzosa de reclusos que se encuentran en huelga de hambre.
«El gobierno de EEUU debería invitar a profesionales de la salud
independientes para controlar a los cautivos en huelga de hambre,
de una manera que sea consistente con los estándares de ética
internacionales», aconsejan.
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