El allanamiento de las instalaciones de Andina en la localidad del
oriente tropical boliviano donde están las sedes de las
multinacionales petroleras con intereses en Bolivia, fue ejecutado
por los fiscales Angel Alvarez, José Centenaro y Alberto Cornejo,
junto con una veintena de policías.
Además, la medida despertó un cruce de declaraciones entre los
representantes legales de la empresa y los fiscales sobre la
validez de su aplicación, y podría tensar aún más las relaciones
entre España y Bolivia por esta cuestión. El asunto ya derivó en
una reunión de urgencia entre el presidente de Bolivia, Evo
Morales, y el embajador de España en La Paz, Francisco Montalbán,
el pasado 25 de febrero, un día después de que la fiscalía dictara
una primera orden de aprehensión contra Gavito y Sánchez, que luego
levantó.
La delegación del Ministerio Público, que contó con la
cooperación de los funcionarios de la compañías, cumplió una orden
dictada por el juez del tribunal décimo de instrucción penal del
distrito cruceño, Zenón Rodríguez, el mismo que había detenido el
proceso un día antes.
El secretario de Estado español para Asuntos Exteriores,
Bernardino León, dijo en Lima que el intento de detener a los
directivos de Repsol-YPF «es una enorme preocupación para España» y
calificó esta acción como «injusta». León, que realiza una visita
de trabajo a Perú, confió en que «se pueda encontrar una solución y
evite este halo de una actuación irregular por parte de Repsol, que
no nos parece justa».
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