El auditor de la petrolera la filial de Repsol YPF en Bolivia, Andina, Saúl Carlos Encinas Miranda, fue puesto libertad ayer tras pasar dos días en prisión acusado de participar en la firma de un contrato presuntamente irregular con la empresa Petrobras.
Mientras tanto la compañía hispano-argentina mostró su malestar por «la injustificada y reiterada persecución judicial» que está sufriendo en el país andino y denunció que el registro de sus oficinas es «una medida impropia de un Estado de Derecho».
El juez decretó su arresto domiciliario sin custodia al entender que no habría participado en la suscrición de tal acuerdo.
El juez entiende que el síndico o auditor no habría participado en la firma de ese contrato que, según la fiscalía, habría hecho perder a Bolivia 161 millones de euros, ya que entró a formar parte de la petrolera posteriormente a su suscripción. El contrato se en octubre de 2002 y Encinas comenzó su actividad en 2003.
A través de un comunicado la petrolera hispano-argentina, reiteró una vez más su «plena disposición a la negociación con las máximas autoridades e instituciones de Bolivia y en su voluntad manifiesta de seguir colaborando «con el progreso y el bienestar de la sociedad boliviana». Pero Repsol también aprovechó la ocasión para mostrar su preocupación ante «la falta de seguridad jurídica» que existe en el país andino y en este sentido denunció que el registro judicial a sus oficinas de Andina constituye una «medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional». En este sentido la compañía señaló que esta dispuesta a «ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados».
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