Tras la salida de los legisladores, un grupo de estudiantes arrojó botellas, piedras y palos contra el edificio del Congreso, forcejeó con la Policía y logró entrar en los locales, de donde los manifestantes fueron evacuados minutos después por los agentes que utilizaron gases lacrimógenos para disolverlos.
Un fuerte contingente de policías con material y vehículos antidisturbios desalojó a los manifestantes que rodeaban el edificio y disolvió a grupos violentos de jóvenes que durante unas dos horas estuvieron arrojando objetos contra el edificio del legislativo.
Miles de manifestantes de grupos políticos, sociales, indígenas y estudiantiles, afines al Gobierno del presidente, Rafael Correa, se concentraron frente al Congreso, para exigir la celebración de una consulta popular, convocada por el jefe del Estado, para instituir una Asamblea Constituyente de plenos poderes.
Los diputados fueron evacuados del edificio donde se reúne el Legislativo, protegidos por la Policía, minutos antes de que se iniciaran los incidentes violentos y mientras en la zona se incrementaba el número de manifestantes que pedían la aprobación de la Constituyente.
En los incidentes, resultaron heridos la fotógrafa de la Agencia Efe Cecilia Puebla y varios policías.
El Congreso había iniciado su sesión, pasadas las diez de la mañana, para tratar la documentación remitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la convocatoria de la consulta popular para la Asamblea Constituyente, que el Gobierno envío a ese organismo el pasado 15 de enero.
A partir de las once, manifestantes procedentes del cercano Parque del Arbolito, empezaron a llegar a la zona del Congreso.
Ante esta situación, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, dio por finalizada la sesión, para «velar por la seguridad física de los diputados», y la Policía decidió sacarlos del lugar por una puerta trasera, para evitar incidentes.
Algunos de los diputados, del Partido Social Cristiano (PSC) y del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), opuestos al Gobierno, responsabilizaron al ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, de lo sucedido.
También responsabilizaron al Gobierno de la situación de «anarquía» e «inestabilidad» en la que, según ellos, vive el país.
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