Un alto funcionario del Gobierno explicó al periódico «The Times» que, de llevarse a la práctica esos planes, numerosos datos, incluido el historial médico o mental de muchos individuos, circulará entre distintas agencias gubernamentales incluso si no hay pruebas definitivas del riesgo potencial que representan.
El documento que ha visto el periódico establece que «los organismos públicos tendrán acceso a valiosa información sobre personas de las que exista el peligro de que comentan graves actos de violencia o de que inversamente puedan convertirse en víctimas».
«Los profesionales alertarán a la policía o a cualquier otra autoridad relevante si tienen buenos motivos» para creer que puede cometerse un acto de ese tipo, señala el documento filtrado.
Pero las exigencias del Gobierno van incluso más allá, según esa fuente, ya que la simple forma de comportarse de un individuo puede dar lugar a una eventual denuncia a la policía.
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