Los líderes de la UE se pusieron de acuerdo ayer, en otra de sus dramáticas negociaciones nocturnas, sobre los contenidos del futuro tratado que sustituirá al proyecto de Constitución que fue rechazado en 2005 por franceses y holandeses. Europa sale de esta manera de dos años de parálisis e incertidumbre respecto a su futuro, aunque al hacerlo sacrifica algo más que un mero símbolo, en opinión de numerosos analistas.
La UE se ha quedado, tal vez para siempre, sin una Constitución, para tranquilidad de quienes temían la transformación de lo que empezó siendo un Mercado Común hace 50 años en alguna forma de superestado europeo.
Abortado el proceso constitucional que se inició en 2002, los Veintisiete han vuelto en esta cumbre al esquema clásico de reforma interna, aprobando un mandato para una Conferencia Intergubernamental (CIG) que deberá enmendar los tratados vigentes.
En esta ocasión, sin embargo, se quería que el mandato fuera lo más estricto posible, para no tirar por la borda todo lo acordado en 2004, y muy especialmente la reforma de las instituciones comunes. Dicha reforma constituyó la «sustancia» del malogrado Tratado constitucional que desde el principio exigían conservar los 18 Estados donde la Constitución había sido ratificada con éxito.
Aparte del propósito general de mejorar el funcionamiento de una Unión de 27 miembros, los cambios institucionales tienen como finalidad devolver a los «grandes», y especialmente a Alemania, el peso perdido en la toma de decisiones como consecuencia de las sucesivas ampliaciones.
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