El presidente George W. Bush en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

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AGENCIAS-WASHINGTON El presidente de EE.UU., George W. Bush, defendió ayer las políticas de detención e interrogatorios empleados contra sospechosos de terrorismo. «Cuando encontramos a alguien que podría tener información relacionada con un ataque en América, pueden apostar que le detendremos y pueden apostar que le interrogaremos», señaló.

Bush defendió que es «su trabajo» y rechazó toda acusación, en respuesta a los documentos legales del Departamento de Justicia publicados en el «New York Times» donde se aludía a golpes en la cabeza, aplicaciones de temperaturas heladas y simulación de ahogamientos.

A este respecto, el dirigente estadounidense señaló que todos los métodos son «exitosos» y «legales».
El presidente realizó una breve declaración en la que también añadió que los interrogatorios se llevan a cabo por «profesionales altamente formados» y que, gracias a ellos, se ha obtenido «información de estos detenidos de alto valor que ha ayudado a protegeros». Bush afirmó que lo que esperan los ciudadanos de su país de la Administración es que «emprenda acciones para protegerlos de cualquier ataque» y «eso es exactamente lo que este Gobierno está haciendo y exactamente lo que seguirá haciendo».

Los testimonios de las víctimas concuerdan, los reveladores documentos salen uno tras otro a la luz, pero el presidente George W. Bush insiste: la tortura no forma parte del arsenal estadounidense contra el terrorismo. «Este gobierno no tortura gente. Nos apegamos a la ley estadounidense y a nuestras obligaciones internacionales», dijo Bush ayer, después de que el New York Times revelara la existencia de documentos del ministerio de Justicia justificando las técnicas de interrogatorio violentas.

Según el diario, los documentos, en vigor desde 2005, aseguran que la ley no impide abofetear a un detenido, someterlo a temperaturas extremas o a un simulacro de ahogamiento. Organizaciones de defensa de los derechos humanos se indignaron y los legisladores demócratas exigieron que los documentos fueran enviados al Congreso, un asunto que podría influir en la confirmación que el Congreso debe hacer del nuevo ministro de Justicia, Michael Mukasey.