Los líderes de la Unión Europea (UE) han decidido mantener el rumbo fijado hace un año hacia una economía con bajo consumo de carbono a pesar de los nubarrones que se ciernen sobre el ritmo de crecimiento, la competitividad y el empleo en Europa.
La cumbre de primavera de la UE, dedicada desde hace un tiempo casi exclusivamente a hacer balance de las reformas económicas contenidas en la denominada «Agenda de Lisboa», se cerró en Bruselas con el compromiso unánime de seguir adelante con los ambiciosos planes de lucha contra el cambio climático.
Este programa, cuyos objetivos cifrados quedaron establecidos hace un año, lejos de constituir una mera apuesta medioambiental, representa una radical transformación de la política industrial y de las bases de la economía europea. Como señaló el anfitrión de la cumbre, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, los europeos conciben «el desafío» del cambio climático como «una oportunidad» de encarrilar su economía por una nueva vía, moderna, segura y sostenible, y de encabezar una nueva revolución tecnológica.
Compromisos firmes
En Bruselas, los Veintisiete se han dado de plazo hasta finales de año para plasmar en leyes vinculantes los compromisos contraídos el año pasado por estas fechas en lo que respecta a la reducción de las emisiones contaminantes y la promoción de las energías renovables.
La UE pretende reducir en un 20 por ciento sus emisiones de CO2 (dióxido de carbono) para 2020, objetivo que podría aumentar hasta el 30% en caso de que otros países industrializados asuman compromisos similares.
Asimismo, los europeos se proponen conseguir que el 20 por ciento de la energía final consumida en 2020 proceda de fuentes renovables y usar un 10% de biocombustibles en el transporte.
La presión de la canciller alemana, Angela Merkel, más la de los dirigentes de Francia, Finlandia y otras delegaciones, forzó que finalmente las conclusiones aprobadas incluyan una referencia a la industria más consumidora de energía como una de las que pueden verse más afectadas por los planes de Bruselas. Esa industria incluye, entre otras, a las siderúrgicas, las cementeras o el sector químico.
La UE reconoce que se debe analizar con urgencia la posible deslocalización de fábricas en estos sectores productivos, algo que, según Jansa, tendría un doble efecto negativo: más paro en Europa y más emisiones de efecto invernadero en otros países.
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