El Parlamento Europeo (PE) rechazó ayer con una holgada mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, el límite que acordaron los gobiernos europeos en la revisión de la directiva comunitaria sobre el tiempo de trabajo. El «no» de la Eurocámara a la posibilidad de ampliar la jornada laboral fue sorprendentemente claro a tenor de los pronósticos que hacían antes de la votación los propios diputados, muy divididos sobre la medida, y forzará a los Estados miembros a negociar un nuevo texto con el PE.
Finalmente, 421 parlamentarios del total de 785 que forman el hemiciclo apoyaron la eliminación en un plazo de tres años del llamado «opt-out», la cláusula que permite que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste supere el límite de las 48 horas por semana.
La postura del PE es, por tanto, totalmente opuesta a la de los países de la UE, que habían pactado -con la negativa de España y Grecia- convertir esa excepción temporal obtenida por el Reino Unido en una opción definitiva para permitir a los trabajadores alargar sus jornadas hasta un máximo de 60 ó 65 horas semanales, según los casos. La jornada de hasta 65 horas contaba con la oposición frontal de los sindicatos europeos, que el martes se manifestaron en Estrasburgo para evitar la aprobación de la que algunos llamaron «directiva de la esclavitud» y que hoy expresaron su «satisfacción» por la respuesta del Parlamento.
Además, más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector sanitario, y que pretendían que los periodos inactivos de las guardias médicas -los momentos en los que no se está atendiendo pacientes- dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo.
El «no» del Parlamento a la directiva abrirá a partir de enero un periodo de «conciliación» de 90 días entre la Cámara y los Estados miembros para tratar de pactar un nuevo texto. De no lograrse el acuerdo, la reforma del tiempo de trabajo podría decaer y seguiría en vigor la actual directiva «provisional» aprobada en 1993 por los gobiernos y que la Eurocámara quiere reformar desde hace años.
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