Un grupo de manifestantes que habían participado en la marcha nocturna en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes 'normalistas' de Ayotzinapa, en Iguala, han intentado entrar en el Palacio Nacional y posteriormente han prendido fuego al portón de madera de la entrada.
La manifestación nocturna ha finalizado ante las puertas del edificio gubernamental, donde varios jóvenes han saltado la valla de protección y se han encarado a los guardias de seguridad, que no han empleado la fuerza ni respondido a este incidente, según ha informado el diario mexicano 'Excelsior'.
Posteriormente, algunos han pintado con aerosoles el portón de entrada, mientras otros lo han golpeado mientras gritaban consignas contra la violencia. Momentos después, varias personas encapuchadas han lanzado un cóctel molotov a la puerta, causando un incendio que se ha apagado poco después.
Después de estos actos, las fuerzas de seguridad están realizando varias detenciones, llegando a entrar en establecimientos como comercios o restaurantes, una situación que ha sido criticada por los manifestantes, que consideran que se están realizando detenciones «arbitrarias».
Horas antes de este incidente, varios encapuchados han prendido fuego a varios vehículos estacionados en el aparcamiento del Palacio de Gobierno de Guerrero. El gobernador, Rogelio Ortega Martínez, ha hecho un llamamiento a los manifestantes para que se desmarquen de estos «actos violentos».
Ortega Martínez se ha comprometido a no criminalizar las protestas ni los distintos movimientos sociales surgidos a raíz de la desaparición de los 43 jóvenes, además de prometer no emplear la fuerza para dispersar este tipo de actos.
Declaraciones de Murillo
Los incidentes registrados este sábado, jornada de protestas en Guerrero, han tenido lugar un día después de que el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ofreciese una rueda de prensa en la que dio detalles de las conclusiones de las investigaciones realizadas hasta el momento.
En su declaración, el procurador general indicó que los tres últimos detenidos en este caso, los miembros del 'mini-cártel' Guerreros Unidos Patricio Reyes, Jonathan Osorio y Agustín García Reyes, habían confesado ejecutar a los jóvenes siguiendo órdenes.
Los tres detenidos han asegurado que recibieron «sin vida o inconscientes» a algunos de los 'normalistas' y los llevaron al basurero del vecino municipio de Cocula, donde mataron a los que seguían vivos y, después, quemaron todos los cuerpos.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos se han negado a creer esta versión e insisten en que los jóvenes «están vivos» hasta que el Gobierno liderado por Enrique Peña Nieto les presente pruebas científicas.
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