Rousseff queda a un paso de un juicio que le puede costar el cargo

La oposición dio una prueba de fuerza, pues superó con holgura los dos tercios preceptivos (342) que precisaba, mientras que el oficialismo quedó lejos de los 172 votos que hubieran mandado el proceso a los archivos del Parlamento.

El resultado que pone a Rousseff al borde del abismo fue conocido tras una votación que se prolongó durante unas siete horas y siguió a un maratón de debates que había comenzado el pasado viernes y que continuó en forma ininterrumpida hasta el domingo.

La acusación se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

La propia Rousseff ha negado esas acusaciones, al tiempo que su defensa las ha calificado de meras «faltas» administrativas que no bastarían para una destitución, por lo que han repetido hasta el hartazgo que Brasil está frente a «un golpe de Estado».

Tras la votación, ese mismo discurso fue repetido por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien insistió en que «no hay un argumento que ponga en tela de juicio la honestidad de la presidenta».

Cardozo dijo que Rousseff recibió el resultado con «indignación y tristeza», pero garantizó que el varapalo «no abatirá» a la mandataria y dio a entender que el Gobierno aún podría intentar una anulación del proceso ante la Corte Suprema, pese a que el tribunal avaló esta misma semana su legalidad.

Rousseff no tiene «apego a cargos» y «dedicó su vida a luchar por la democracia», por lo que «si alguien cree que se curvará frente a lo que pasó hoy, se equivoca, pues ella luchará así como luchó contra la dictadura para evitar que haya otro golpe de Estado», garantizó el abogado general.

Esa constante advertencia sobre esa posible «ruptura democrática» cayó, sin embargo, en el saco roto de la Cámara de Diputados, en la que una mayoría calificada coincidió en que esas maniobras contables suponen un «crimen de responsabilidad», que es como la Constitución define las causas para la destitución de un mandatario.

Una vez superado el trámite en la Cámara de Diputados, el Senado deberá instalar dentro de unas 48 horas una comisión especial, que analizará las acusaciones y emitirá un parecer que será remitido al pleno de sus 81 miembros.

Ese procedimiento puede demorar unos quince o veinte días, por lo que el pleno de la Cámara Alta deberá ser convocado alrededor del 10 de mayo para decidir sobre la apertura del juicio político, que será iniciado si lo respalda una mayoría simple de 41 senadores.

Si así fuera, en el mismo momento en que se apruebe el proceso, la mandataria deberá separarse del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para el trámite.

Su puesto, entonces, sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hace dos semanas rompió con el Gobierno y se posicionó a favor del «impeachment».

En los últimos días, Temer terminó de distanciarse de Rousseff, sobre todo cuando por un supuesto «error» difundió un audio en el que daba como un hecho que la caída de la mandataria y delineaba las líneas de su eventual Gobierno.

Rousseff lo acusó de ser «uno de los jefes de la conspiración» y rompió todos los puentes con el PMDB, la mayor fuerza parlamentaria, que fue clave hoy en la Cámara Baja, en la que tiene la primera minoría que también ostenta en el Senado.

Sin embargo, si el proceso acaba con la destitución, Temer deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, aunque también está bajo amenaza de un juicio político por acusaciones similares a las que pesan contra Rousseff.

En casi todo el país, la votación llevó a decenas de miles de personas a las calles, en las que pese a que se temía que pudiera haber brotes de violencia, casi no hubo incidentes y los pocos que hubo no llegaron a mayores.