La fundación de la viuda de Augusto Pinochet defraudó «miles de millones»

«Como se sabe, son miles de millones que el Estado y la ciudadanía han perdido. Son inmuebles que el Estado no puede destinar a otros propósitos nobles», indicó la ministra en un comunicado.

Este pasado jueves el juez especial, Guillermo de La Barra ordenó el embargo de 34 bienes raíces de la Fundación Cema Chile, investigada por presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Según la ministra, esta decisión es la «confirmación de la convicción que tiene el juez de que aquí estamos frente a hechos ilícitos».

La fundación Cema Chile fue creada en 1957 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo con el fin de ayudar a las mujeres de pocos recursos económicos a organizarse en centros de madres y trabajar de forma comunitaria para mejorar su situación, y su responsable era la esposa del presidente.

Tras el golpe militar de 1973, Cema Chile quedó a cargo de Lucía Hiriart, quien cambió los estatutos para disponer de su presidencia a perpetuidad.

Pinochet cedió a la Fundación 135 inmuebles y terrenos fiscales que, según se supo el pasado abril, comenzaron a ser vendidos o arrendados a terceros sin conocerse el destino de los fondos recibidos.

El tema generó polémica en Chile tras la publicación, el pasado noviembre, de un informe periodístico que reveló que la viuda de Pinochet se estaba enriqueciendo con la venta y alquiler de estas propiedades del Estado.

«A todos los chilenos y chilenas nos afecta profundamente que una fundación que aparentemente tenía un carácter de bien común, finalmente estén siendo usados estos recursos de todos para fines que no son nobles. Uno puede presumir finalmente que para la familia Pinochet», aseguró.

Hiriart, interrogada como imputada el pasado 14 de diciembre, negó al juez haberse apropiado de bienes o haber malversado fondos de la fundación.

El hecho de que el juez haya interrogado a Hiriart y haya decretado el embargo de las 34 propiedades es, según Palma, una muestra de que se tiene la convicción de que «los recursos que han sido administrados tiene que estar llegando a un lugar que no es Cema Chile».

Para Palma, lo ideal es que «muy pronto estos inmuebles puedan responder con las indemnizaciones para el fisco» y, con ellos, reparar en parte las pérdidas que ha generado para el Estado.