Destino de casi 800 presuntos terroristas detenidos en Afganistán e Irak, Guantánamo ha estado en el ojo del huracán por los programas de detenciones secretas y torturas, que incluían ahogamientos simulados y técnicas para que los presos no pudieran dormir. Estados Unidos gasta cada año 540 millones de dólares para mantener Guantánamo, donde en la actualidad hay 39 hombres internados, 27 de ellos sin cargos penales en su contra, según un informe publicado por la ONG Human Rights Watch (HRW) con motivo del 20 aniversario del penal. Para HRW, el uso de estas prácticas por parte de Estados Unidos ha dañado todo el sistema internacional de derechos humanos, facilitando los abusos por parte de otros países y haciendo más fácil su justificación.
Un cierre que se eterniza
La polémica que generó Guantánamo fue tal que su cierre se convirtió en una de las grandes promesas del presidente Barack Obama (2009-2017), aunque jamás pudo cumplir su compromiso. Obama quiso enviar a los presos a cárceles en territorio estadounidense, pero el Congreso, con mayoría republicana, bloqueó sus esfuerzos con diversos pretextos, por lo que el Gobierno los trasladó a otros países. Con la llegada de Donald Trump (2017-2021) al poder, la Casa Blanca abandonó sus esfuerzos por cerrar el penal y tan solo trasladó a un solo reo en cuatro años. Según un libro publicado por los periodistas del diario «The Washington Post» Yasmeen Abutaleb y Damian Paletta, Trump incluso habría sugerido en dos ocasiones a su equipo trasladar a Guantánamo a los enfermos de covid-19 al inicio de la pandemia. El actual mandatario, Joe Biden, ha retomado la promesa de cerrar la cárcel, pero con un perfil mucho más discreto que el que tuvo Obama en su momento, lo que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil.
El año pasado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que «el objetivo y la intención» de la actual Administración es cerrar el penal, si bien no es un asunto que haya estado presente en la agenda de Biden durante su primer año de Presidencia. Por lo pronto, el Gobierno ha autorizado transferir a tres presos fuera de la base naval de Guantánamo, donde quedan 39, lejos de los 780 que llegaron a pasar por sus instalaciones durante la Administración de Bush. El verano pasado, Estados Unidos repatrió a Abdul Latif Nasir, último preso marroquí de Guantánamo y el primer reo que el Gobierno de Biden devuelve a su país, pero desde entonces no ha habido nuevos avances. El portavoz del Pentágono, John Kirby, fue preguntado este lunes por los periodistas en una rueda de prensa si el Ejecutivo ha adoptado alguna medida concreta para clausurar Guantánamo y contestó que la Administración de Biden «sigue centrada en el cierre de la instalación de detención». «Nada ha cambiado a ese respecto, estamos en mitad de una revisión ahora sobre la manera de proceder», apuntó Kirby, quien destacó que actualmente la Junta de Revisión de los casos de los reclusos en penal continúa su trabajo para reubicar a los reos fuera del centro.
La directora de Seguridad Nacional de ACLU dijo que «hay que obligar a Biden a cumplir su promesa», porque «su Administración puede hacerlo y se trata de una cuestión de voluntad». «Si el presidente Biden se toma en serio la defensa de los derechos humanos, la equidad racial y la justicia, debe tomar medidas y cerrar Guantánamo definitivamente», expresó Shamsi. Amnistía Internacional denunció en un comunicado, publicado en la última semana, que «el Gobierno de Estados Unidos continúa perpetrando graves violaciones de los derechos humanos en Guantánamo», dado que «ninguno de los presos ha recibido un juicio justo y continúan detenidos indefinidamente vulnerando el debido proceso». La ONG, que cada 11 de enero organizaba una concentración con gente vestida con monos naranja frente a la Casa Blanca, hará una protesta virtual debido al avance de la variable ómicron del coronavius en Estados Unidos.
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Este mundo es muy extraño. Un centro de tortura, a la vista de todo el mundo, sin que nadie haga ni diga nada. Para empezar, los mismos ciudadanos norteamericanos, que dicen vivir en una democracia, pero que consienten que su gobierno haga estas cosas.