González fue arrestado la noche del 27 al 28 de febrero del año pasado en Przemysl, en la frontera polaco-ucraniana, tras el inicio de la agresión rusa a Ucrania por la Agencia de Seguridad Interior (ABW) -el servicio de contrainteligencia polaco- que le acusa de actividades de espionaje para Rusia por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel.
Su detención inicial de tres meses, se ha ido prorrogando y el pasado 15 de febrero el Tribunal Regional de Przemysl la mantuvo hasta el 24 de mayo. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación al fiscal general polaco por las condiciones de su detención en régimen de aislamiento y pide su libertad mientras se fija la fecha del juicio.
Aunque González ya puede tener contacto regular con su abogado y ha sido visitado por el cónsul español en Polonia, no contó con asistencia letrada de oficio hasta 16 días después de su detención, una atención especialmente importante para garantizar un proceso con las debidas garantías, lamenta la organización defensora de derechos humanos.
Todavía hoy no se le permite tener un contacto directo y regular con su familia, ni siquiera por teléfono o videollamada, y solo se le permitió tener una visita de su esposa en noviembre de 2022, añade. «Las personas detenidas, incluidas los que se encuentran bajo custodia policial o en prisión preventiva a la espera de juicio, deben recibir todas las facilidades razonables para comunicarse con sus familiares y amistades y recibir visitas de ellos», recuerda en un comunicado.
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