La Comissió Insular d'Urbanisme ha decidido posponer su última
decisión respecto del Pla General d'Ordenació Urbana, de Ciutat,
porque el cruce de intereses y la lucha política no le deja una
clara libertad de movimientos. Desde el Govern y el PP se ha
intentado dinamitar el Pacte de Progrés que, ahora, tiene la última
palabra en el PGOU palmesano. De modo que los platos rotos podría
pagarlos Cort si no tuviese, en reserva un as como el de las
basuras.
Todo muy en la línea de la situación permanente que se vive en
Ciutat y en Mallorca por los gobiernos entrecruzados. Y con el
fondo del Govern de Balears en manos del PP. Así que será necesario
un acuerdo para que el PGOU siga adelante sin graves quebrantos y
sin grandes retrasos.
Aunque hay que tener en cuenta que la CIU tiene la obligación de
revisar éste y todos los planes, pero no el derecho a imponer su
criterio. Frenar un expansionismo excesivo, compaginar los planes
urbanísticos de los ayuntamientos límitrofes en todo aquello que
afecte a más de uno y procurar que no se cometan irregularidades
administrativas no significa que el Ajuntament de Ciutat o
cualquier otro, dejen de hacer su plan para hacer el del Consell
Insular de Mallorca.
Ya se han cruzado acusaciones y una de ellas, tomada como
ejemplo, es sutanciosa: las nuevas urbanizaciones no son tan nuevas
y no son proyectos, sino ordenaciones o parcelaciones ilegales
toleradas durante doce años de gobierno socialista en Cort. El
nuevo plan municipal puede eliminarlas de un plumazo, pero llevarlo
a la práctica puede resultar prácticamente imposible. Pero también
se puede legalizar lo que se consintió contra toda ilegalidad, lo
que, en la práctica, es mejor y más factible. En todo caso, CIM y
Cort están condenadosa a entenderse o a hacerse mucho daño.
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