La Oficina de Investigación Patrimonial creada por el juez decano
de Balears, Pere Barceló y que apoya la Conselleria de la
Presidència del Govern, recibió en 1998 un total de 1.586
peticiones de los jueces para delimitar la cuantía de los bienes de
las personas incursas en causas judiciales.
La oficina, atendida por tres personas y que se encuentra
situada en los juzgados de Instrucción de Vía Alemania, cursó las
solicitudes en diversas instituciones, como la Agencia Tributaria,
Policía Local, Tesorería de la Seguridad Social y Jefatura de
Tráfico.
En un plazo máximo de dos semanas, la oficina accede a los datos
requeridos por los jueces, que de esta forma, obtienen información
veraz y objetiva sobre el patrimonio de los ciudadanos
investigados.
El Juzgado de Instrucción número seis de Palma fue el que en más
ocasiones solicitó la ayuda de la Oficina de Información
Patrimonial, ya que lo hizo en 182 ocasiones, seguido del Juzgado
de lo Penal número 6 (162), Instrucción 7 (146) e Instrucción 10
(130).
De las 1.586 solicitudes de los jueces, un total de 805 dieron
un resultado positivo (es decir, se comprobó que la persona poseía
bienes para hacer frente a determinadas responsabilidades de índole
económico), y otras 410 fueron negativas. Las peticiones no
contestadas, debido a que las entidades carecían de datos, se
elevaron a 371.
Alemanes, árabes y norteafricanos, entre los
investigados
Un portavoz de la Oficina de Investigación Patrimonial confirmó
ayer que entre las peticiones formuladas por los jueces destacaban
las dirigidas a ciudadanos extranjeros, especialmente alemanes,
árabes y norteafricanos. «Detectamos un aumento en las solicitudes
para averiguar los bienes que poseen personas de esas
nacionalidades», señaló.
Todas las órdenes para iniciar la investigación patrimonial de
las personas entre las distintas entidades (Hacienda, Tesorería de
la Seguridad Social, Policía Local y Jefatura de Tráfico) deben ir
firmadas por el juez-decano, Pere Barceló. «Cuando uno de los
funcionarios de la oficina presenta al organismo respectivo la
solicitud, es atendido de inmediato y la información llega a poder
de los jueces en un plazo máximo de dos semanas», dijo Barceló.
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