La disposición transitoria de la Ley de emergencia urbanística
aprobada esta semana en el Parlament, que restringe, entre otras
cosas, la edificación en suelo rústico y en la franja costera, ha
dado lugar a distintas interpretaciones por parte de los servicios
jurídicos de los ayuntamientos de Mallorca consultados por este
periódico, lo que demuestra que su redacción es confusa.
Para José Grimalt, jefe de los servicios de la gerencia de
Urbanismo del Ajuntament de Palma, queda claro que la disposición
transitoria establece que los proyectos para edificar viviendas
unifamiliares en suelo rústico presentados en los ayuntamientos
durante los últimos tres meses para solicitar la licencia se ven
afectados por la nueva ley. Para Grimalt no existe lugar para la
duda porque esta disposición es una copia casi exacta del artículo
4.2 de la Ley de Disciplina Urbanística de 1990, aunque esta última
es más beneficiosa que la nueva normativa legal en cuanto a los
plazos. En opinión de Grimalt, con esta disposición se recoge
jurisprudencia anterior ampliamente conocida por quienes aplican
las leyes urbanísticas. De la misma opinión son los responsables de
las áreas de Urbanismo de los ayuntamientos de Santanyí y Felanitx,
aunque coinciden en que ante cualquier caso de duda remitirán los
expedientes a la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca para que
sea ésta quien decida.
De opinión distinta se han pronunciado en el Consistorio de
Inca. Tras debatir el contenido de la problemática disposición
transitoria con sus técnicos, el concejal delegado de Urbanismo,
Tolo Seguí, éste ha manifestado que al parecer la ley «no tiene
carácter retroactivo y se aplicará a partir del 1 de octubre».
En lo que sí coinciden muchos técnicos consultados por
Ultima Hora es en que la redacción de la
disposición transitoria es confusa. «No se entiende», comentó el
jefe de área de Manacor, agregando que «en todo caso, no se dice
expresamente que tenga carácter retroactivo con claridad». Con él
coincide el asesor de Urbanismo de Sóller, Agustí Hayles, quien
manifestó que «tal como está redactado plantea seria dudas». Calvià
es un caso paradigmático, pues consultados por separado el
secretario de la Corporación, el jefe del área de Urbanismo y otros
técnicos y abogados han dado versiones contradictorias.
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