La Conselleria d'Educació i Cultura presentó ayer las dos
convocatorias de ayudas económicas para el desarrollo de programas
de garantía social, una dirigida a las entidades locales y, la
otra, a entidades privadas sin ánimo de lucro y a los centros
educativos privados. La cuantía de estas ayudas es de 220 millones
de pesetas: 70 millones para las entidades locales y 150 millones
para las entidades privadas, según anunció el conseller d'Educació,
Damià Pons.
De los alrededor de 900 alumnos que la Conselleria prevé que
puedan realizar cursos de garantía social, casi 400 lo harán en
centros públicos y el resto en entidades y colegios privados.
Por su parte, el director general de Formació Profesional i
Inspecció Educativa, Bartomeu Llinàs, destacó la
interinstitucionalidad de los programas, de modo que «no sólo se
implica la Conselleria, ya que las entidades locales son las que
mejor pueden determinar qué bolsas de alumnos de estas
características tienen en sus municipios y qué perfiles
profesionales son los más adecuados», señaló.
Asimismo, Llinàs destacó la posibilidad de que los alumnos con
necesidades educativas especiales puedan formar parte de los grupos
de garantía social.
Los cursos están estructurados en cien horas, de las que treinta
son lectivas, quince de prácticas en taller, nueve de orientación
socio-laboral y dos de actividades extraordinarias (idiomas para
los módulos de hostelería y turismo y educación física para los
módulos de construcción y automoción). El resto de las horas se
reservan a formación en centros de trabajo. Los perfiles
profesionales con mayor demanda son los de hostelería y turismo y
administración y, los de menos demanda, los de comercio.
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