Que un proceso de paz es un camino largo, difícil y lleno de pasos
hacia adelante y hacia atrás es algo que nadie desconoce. Ya lo
hemos visto en Irlanda, donde todavía hoy se teme que el acuerdo de
paz no tenga un final feliz. En Euskadi, lejos aún de alcanzarse un
acuerdo, las cosas están cada día más complicadas. A una situación
comprometida se le añaden los diversos episodios políticos que no
hacen sino entorpecer el desarrollo de los acontecimientos.
Es por eso que, generalmente, los procesos de este tipo se
mantienen férreamente en silencio y las partes implicadas niegan
una y otra vez que mantengan contactos. Y así debe ser. Para evitar
filtraciones que se malinterpreten, obstáculos llegados de fuera y
todo tipo de malos entendidos.
Ahora acabamos de verlo otra vez. La detención en Francia de la
etarra Belén González Peñalva, interlocutora del Gobierno en el
proceso de paz, ha provocado un pequeño terremoto político que
podría traer graves consecuencias para las negociaciones. La mecha
la prendió el miércoles el consejero vasco de Interior, Javier
Balza, pidiendo al Ejecutivo de José María Aznar compensaciones por
las consecuencias negativas que la detención podría generar. Sus
declaraciones, claro, han hecho saltar chispas al resto de los
grupos políticos, que han llegado a promover una moción de censura
contra Balza en el Parlamento de Vitoria.
El caso es que, en estos momentos, el difícil proceso de paz
para el País Vasco se complica con la cercanía de unas elecciones
generales en las que todos los partidos se juegan mucho. Y para
nadie es un secreto que el tema de la violencia, de ETA y de
Euskadi es una baza electoral de primera. Se impone la seriedad,
pues una cuestión como ésta, en la que se debate el futuro de todo
el país, no debería ser objeto de polémicas políticas, de
declaraciones y contradeclaraciones. La discreción, en estos casos,
es oro.
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