Ya sabemos que al Gobierno de Estados Unidos le gusta inmiscuirse
en todos los asuntos que parecen interesarle, aunque ocurran a
miles de kilómetros de sus fronteras y aparentemente poco tengan
que ver con él. Ahora se enfrenta a un posible conflicto con la
Unión Europea a causa de las expropiaciones de propiedades privadas
efectuadas hace cuarenta años tras el triunfo de la revolución
castrista en Cuba.
Aquellos acontecimientos ocurrieron hace décadas y parece que
los Sánchez, la familia afectada, convertidos hoy en ciudadanos
norteamericanos, desean una compensación económica y no otra
cosa.
Por eso las altas instancias estadounidenses están meditando la
aplicación de la Ley Helms-Burton a la empresa mallorquina Sol
Meliá, que tiene uno de sus hoteles cubanos construido sobre los
terrenos que pertenecieron en su día a la familia Sánchez.
Lo que ocurre es que el caso es claramente político y como tal
debe resolverse. Washington debería dirigirse a las autoridades
cubanas como responsables de las expropiaciones y no a los actuales
propietarios del terreno, que simplemente fueron los compradores de
un bien puesto en venta por el Gobierno de la isla caribeña. Pero,
claro, la firma Sol Meliá, una de las más grandes empresas de
turismo del mundo, es un bocado apetecible y los abogados de los
Sánchez habrán optado por ampararse en esa polémica ley
norteamericana para sacar buen provecho de un litigio viejo que aún
puede resucitarse gracias a una legislación tan absurda que incluso
Bill Clinton la ha puesto en suspenso. De ser condenados, la pena
que sufrirán los propietarios y directivos de Sol Meliá será la
denegación del derecho a entrar en territorio norteamericano, lo
que podría derivar en un enfrentamiento con el Gobierno de la UE.
Un precio muy alto a pagar por un asunto lejano y polémico.
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