El Departamento de Estado norteamericano confirmó ayer que «en las
próximas semanas» enviará una carta a Sol Meliá en la que
notificará a la empresa española que, si no abandona sus
actividades en Cuba o llega a un acuerdo privado en un plazo de 45
días, se negará el visado para entrar en Estados Unidos a los
miembros de su consejo de administración.
Según un portavoz del Departamento de Estado, todavía no se ha
mandado esta comunicación a la cadena hotelera, debido que todavía
se encuentra «en proceso de revisión». No obstante, señaló que
quizás en «una o dos semanas» el Gobierno estadounidense decida
pasar a la siguiente fase del proceso, que supondrá la aplicación
del título IV de la Ley Helms Burton.
Asimismo, el Departamento de Estado norteamericano indica que la
fecha de envío de esta carta, que será la segunda notificación que
reciba Sol Meliá, «aún no se ha fijado». Sin embargo, reiteró que
es necesario «ser prudentes, debido a que la aplicación de esta ley
contra una empresa de la Unión Europea, supondrá un conflicto con
el Gobierno comunitario».
Desde la sede central de Sol Meliá en Palma se insistió ayer en
que no había recibido notificación alguna por parte del
Departamento de Estado de los Estados Unidos ni de ninguna otra
entidad del Gobierno Federal de ese país relacionada con la
aplicación de sanciones a la compañía con arreglo a la ley Helms
Burton.
Según la cadena hotelera, el Departamento de Estado «ha
expresamente negado en Washington a los representantes de Sol Melia
la emisión de una carta indicando la advertencia de la imposición
de sanciones derivadas de una presunta violación de la ley Helms
Burton. Estamos tranquilos, ya que tenemos el apoyo de la Unión
Europea y del Gobierno español».
El presidente del Govern, Francesc Antich, declaraba ayer tarde
al respecto que la actitud del Gobierno americano, «es un atentado
contra el derecho internacional. El Govern hará lo que sea
necesario para no dejar desamparadas a las empresas que operan en
el extranjero,en este caso a Sol Meliá. Vamos a pedir una reunión
con el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, con el fin de
que el Gobierno central actúe en consecuencia».
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