El proyecto de ley de consells insulars que UM ha entregado al
Govern de Francesc Antich para su aprobación incorpora aspectos que
superan los límites constitucionales, según concluye un informe
jurídico solicitado por el Ejecutivo. El informe considera que el
Parlament no puede aprobar una ley que altere sustancialmente el
bloque de constitucionalidad que componen la propia Constitución,
el Estatut d'Autonomia y la Ley de Bases de Régimen Local.
Para el redactor del informe, el catedrático Bartomeu Colom, la
propuesta de UM «traspasa el límite que podría permitir la
Constitución». El informe considera que debe ser el legislador
estatal, es decir, el Congreso y el Senado, quien fije estos
aspectos o principios relativos a los aspectos institucionales.
Al margen de esta consideración, el redactor del informe añade
que sería de «dudosa constitucionalidad» el artículo que dispone
que no es necesario que los miembros del gobierno insular tengan la
condición de miembros electos del Consell. El texto considera que
esta posibilidad puede producir una «lesión» al derecho fundamental
de los consellers elegidos de acceder a sus cargos y funciones
públicas y mantenerse en ellos.
«A manera de conclusión general, resulta que el borrador propone
unos consells insulars más eficaces, menos democráticos, sometidos
a más controles administrativos externos, con menos control
democrático por parte de los miembros electos y con más recursos
que los actuales», señala.
En el informe se incluyen algunas sugerencias para mejorar el
contenido del texto. Una de ellas es prever que contra las
decisiones del gobierno insular se pueda interponer un recurso de
alzada. También propone que la potestad reglamentaria que solicita
Munar se otorgue al pleno del Consell y no al gobierno insular.
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