Por diversas razones esta semana ha vuelto a salir a la luz el
conflictivo asunto de los bares de sa Llonja de Palma, que en los
últimos años "desde que está de moda" han convertido lo que era un
barrio histórico en una zona contaminada acústicamente. Si en algo
estamos de acuerdo es en que las mayorías mandan y, por ende, en
casos como éste la prioridad debería ser siempre el bienestar de la
mayoría, es decir, de los vecinos que no piden más que aquéllo de
que disfrutamos todos: tranquilidad, limpieza y respeto a las horas
de sueño. Son reivindicaciones tan primarias que lo extraño a estas
alturas es que alguien las ponga en entredicho.
Lo que ocurre es más propio de un vodevil que de un ayuntamiento
como el de Palma que, si pretende defender los intereses de sus
ciudadanos, lo demuestra muy mal. Porque lleva años multando a los
propietarios de los bares que sobrepasan los decibelios permitidos
después de hacer mediciones de ruido con aparatos que no han sido
homologados por el ministerio competente. En Cort se defienden
diciendo que desde hace ya tiempo intentan la homologación sin
resultados, pues hay una larga lista de espera. Un argumento poco
convincente en una institución como el Ajuntament de Palma que, sin
duda, tiene los medios necesarios para hacer las cosas como se
debe. Y si lo debido es efectuar las mediciones con aparatos
homologados, que los homologuen. Y de esa forma no darán pie a los
afectados a llevarles a un juicio del que, naturalmente, han salido
victoriosos. Ahora Cort está decidido a ordenar el cierre de los
locales nocturnos a partir de la una de la madrugada, una
iniciativa que nace con mal pie, pues con una sentencia que pone en
entredicho las actuaciones municipales en sa Llonja, el Ajuntament
tiene pocas armas para ponerla en práctica.
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