El PP va a presentar en los próximos días un recurso
contencioso"administrativo contra el decreto de nombramiento de los
dos representantes del Govern en la Comissió Insular d'Urbanisme de
Mallorca. Los populares quieren que los jueces se pronuncien sobre
el nombramiento de Rafael de Lacy y Pedro Amorós como miembros de
la Comissió Insular d'Urbanisme en representación del Govern cuando
ninguno de los dos cumple el requisito de estar adscrito a la
Conselleria d'Obres Públiques, tal y como marca la Ley de
Atribución de Competencias de Urbanismo.
El PP entiende que el Govern ha cometido «fraude de ley» al
elegir a sus dos representantes de la Comissió Insular d'Urbanisme
ya que el conseller de Presidència, Antoni Garcías, justificó que
Pedro Amorós había sido contratado para una asistencia técnica en
Obres Públiques.
La diputada del PP Mabel Cabrer entiende que un contrato técnico
no es un requisito suficiente para que Pedro Amorós pueda
pertenecer a la Comissió Insular d'Urbanisme. «El espíritu de la
ley es que al menos un miembro de la Comissió Insular esté adscrito
a la Conselleria d'Obres Públiques, y no que un contratado externo
por dicho departamento represente al Govern», sostiene Cabrer.
El conseller Antoni Garcías cree que el contrato de Pedro Amorós
para realizar una asistencia técnica en la Conselleria d'Obres
Públiques garantiza la legalidad de su nombramiento en la Comissió
Insular d'Urbanisme. Garcías mantiene que los servicios jurídicos
del Govern dieron totales garantías para el nombramiento de Amorós.
La elección de estos dos representantes fue adoptado por el Consell
de Govern en su reunión del día 17 de septiembre, y se publicó en
el BOCAIB el 23 del mismo mes. Lacy y Amorós sustituyeron a
Cristòfol Huguet y Carlos Cañellas, ambos del PP.
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