En Balears hay del orden de los 19.000 parados que no perciben
ningún tipo de prestación, que no encuentran trabajo y que están al
borde de la exclusión social. Así lo señalaron ayer en rueda de
prensa los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC OO) y de
la Unión General de Trabajadores (UGT) en las Islas, José Benedicto
y Lorenzo Bravo, respectivamente.
Bravo y Benedicto informaron de la campaña de sensibilización
iniciada a nivel nacional por ambos sindicatos contra la política
económica y social del Gobierno del Partido Popular y que ahora se
pone en marcha en Balears.
Bravo expresó el «mosqueo» de los sindicatos por una política
que permite en uno de los mejores momentos económicos que ha vivido
el país existan 2.548.500 parados en toda España de los que 500.000
están a la puerta de la exclusión social en cuanto que se trata de
personas que por sus características (mayores de 45 años, jóvenes
con escasa formación y mujeres, principalmente) tienen muy difícil
encontrar trabajo y por consiguiente seguir insertados en la
sociedad.
En el caso de Balears, según los sindicatos, hay más de 70.000
parados «aunque el Inem se empeñe en decir que son 19.000, ya que
no contempla a los fijos discontinuos que no trabajan como
desempleados». Precisamente estos 19.000 parados que contabiliza el
registro oficial del Inem son para el secretario general de UGT en
las Islas los que están en peligro de exclusión social «ya que aún
con la cantidad de trabajo que se ha generado (recordar la mano de
obra extranjera que ha llegado este verano a trabajar a las Islas)
no han sido capaces de colocarse y encontrar empleo».
Para dar una respuesta efectiva a estos trabajadores, los
sindicatos proponen ampliar la cobertura y cuantía de las
prestaciones de desempleo (subsidio y paro). Se trataría de revisar
los requisitos de acceso al subsidio, elevando el límite de la
renta real hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional,
extender el subsidio a las personas desempleadas con cargas
familiares, y a los mayores de 45 años, mientras se mantenga la
situación de desempleo, combinando la prestación con medidas que
mejoren sus posibilidades de acceso al empleo (cursos de formación)
y establecer el desempleo contributivo para los trabajadores
eventuales agrarios.
Con estas medidas, indicó José Benedicto, tendrían subsidio de
desempleo unos 300.000 nuevos beneficiarios en todo el país con un
coste que no superaría los 200.000 millones de pesetas anuales «una
cuantía perfectamente asumible por las cuentas públicas si tenemos
presente que el próximo año habrá un excedente de más de 400.000
millones de las cotizaciones sociales de los trabajadores».
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