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Un grupo de juristas de Balears elaboró un informe sobre la gestión de las competencias de los distintos centros de la tercera edad de las Islas, en el que desaconseja, «por discriminatorio», la cesión del Govern al Consell Insular de Mallorca (CIM) de las residencias de La Bonanova, en Palma, de Felanitx y del centro base del Imserso. La discriminación aludida en el informe se refiere a los ciudadanos de Menorca y Eivissa, donde no existe residencias de las características de las tres nombradas.

En cambio, el citado borrador, que no es vinculante, sí considera «procedente» traspasar a la institución dirigida por Maria Antònia Munar, los siete «llars» de la tercera edad de Mallorca (5), y hacer lo propio en Eivissa (1) y Menorca (1). El documento al que ha tenido acceso a este diario contradice las tesis expuestas por otros estudios de similares características elaborados por encargo del CIM, que consideran «perfectamente válida» la exigencia de esa institución de gestionar todas las competencias en materia de tercera edad.

El debate de fondo corresponde al nuevo modelo de política social que defienden el Govern y el CIM, en vísperas de la aprobación de transferencias de competencias en la materia antes de que finalice el primer trimestre del 2000. El CIM ha insistido en la necesidad de construir nuevas residencias en Balears para paliar la falta de instalaciones, puesta de manifiesto ante la larga lista de espera de beneficiarios.