La decisión del Gobierno de subir el salario mínimo
interprofesional (SMI) en tan sólo un dos por ciento ha motivado
reacciones encontradas. Por un lado, la patronal considera que el
incremento debe situarse en los niveles del resto de los países de
la zona euro, es decir, un 1'6 por ciento. Por el otro, lo
sindicatos inmediatamente han criticado lo que consideran una
actitud cicatera del Ejecutivo. Con esta medida, los perceptores
del SMI pierden un 0'9 por ciento de su poder adquisitivo, puesto
que esta es la diferencia entre el incremento decidido y el repunte
de la inflación.
En una maniobra argumental realmente sorprendente, desde el
Gobierno se asegura que en lo que va de legislatura, desde 1996 a
1998, la subida del SMI compensará la pérdida de 1999.
Realmente debe considerarse que quienes perciben este salario no
son precisamente los más favorecidos por la bonanza económica de
los últimos años. Y, además, hay que tener muy en cuenta que en el
resto de países de la Europa de nuestro entorno, el salario mínimo
se sitúa muy por encima del que tenemos en España, por lo que
cualquier comparación que pretenda hacerse sobre sus incrementos y
los nuestros puede resultar enormemente dolorosa.
Es evidente que las últimas cifras de la macroeconomía española
no son del todo favorables y que el Gobierno ha tenido que revisar
la previsión de inflación para este año, pero deben existir
mecanismos igualmente eficaces para contener los repuntes sin tener
que hacer sufrir las consecuencias a quienes dependen de un salario
mínimo. En actitudes como éstas, lógicamente, se amparan quienes
acusan al Gobierno de Aznar de recortes sociales y, en este caso,
con razones sobradas para ello.
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