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Los trabajadores de la Central Térmica d'Alcúdia II (es Murterar) y la dirección de la Compañía de Gas y Electricidad (GESA) mantuvieron ayer una reunión en la sede de la empresa con el objetivo de negociar la suspensión de la huelga convocada por la plantilla en Nochevieja, pero las diferencias «siguen siendo considerables», según confirmó un portavoz sindical de UGT.

Los trabajadores insisten en la necesidad de incrementar la plantilla para reordenar el sistema de turnos y horas extras, que «merma de forma sensible la calidad del servicio que reciben los abonados», según los representantes sindicales. Pero, la dirección de GESA afirma que la paulatina disminución de la plantilla es inevitable en los próximos años debido a las nuevas exigencias que planteará el futuro inmediato.

La plantilla actual de es Murterar asciende a unos 176 trabajadores, cifra que los representantes sindicales consideran insuficiente, ya que «por lo mínimo, debería ser de 190 personas», explicaron.

La empresa, por su parte, anunció que reducirá la plantilla hasta los 166 trabajadores.

Indústria decretó los servicios mínimos
La Direcció General d'Indústria aprobó ayer los servicios mínimos que regirán en Nochevieja en caso de los trabajadores de «Es Murterar» y la dirección de GESA no lleguen a un acuerdo en las próximas horas para desconvocar la huelga. Los servicios mínimos establecen un equipo de 37 personas de guardia en el área de Mantenimiento, más 9 personas permanentemente localizables y equipos de 28 personas en el área de Operaciones. Un grupo de trabajadores se reunió ayer con el vicepresidente del Govern, Pere Sampol, para exponerle la problemática de «Es Murterar» y las razones aducidas por la plantilla para convocar una huelga en Nochevieja. Sampol les escuchó con atención y prometió seguir el tema de cerca, incluso, enviando a esa central eléctrica un inspector y un técnico para comprobar las condiciones de trabajo. Los representantes sindicales afirman que la dirección de GESA «está atada de manos por Madrid» y que no tiene poder de decisión sobre las demandas planteadas. «No es un reinvindicación salarial, sino una exigencia que beneficiará no sólo a los trabajadores, sino que también a los abonados que obtendrán un mejor servicio», precisó el portavoz de UGT.