El proyecto estrella del Govern de Francesc Antich, la ecotasa o
impuesto turístico, está encontrando más escollos de lo previsto.
Quizá el equipo de Antich debería haber tanteado las posibilidades
reales de poner en marcha ese proyecto antes de lanzarlo a la
opinión pública. De esa forma se habría evitado el espectáculo que
estamos presenciando.
Primero el «no» rotundo con que se encuentra el Ejecutivo
autonómico cada vez que plantea quién va a cobrar el hipotético
impuesto. Las previsiones iniciales apuntaban a tres sectores:
aeropuertos, hoteles y empresas de alquiler de coches. AENA,
entidad que gestiona los aeropuertos españoles, acaba de anunciar
que se niega en redondo a ceder sus instalaciones para que se lleve
a cabo el cobro de esa polémica tasa. Y la Federación Hotelera
mallorquina "es de suponer que las de Eivissa y Menorca irán en la
misma dirección" ya ha manifestado su disconformidad con la medida.
Faltan los «rent a car» que, de seguro, tampoco estarán contentos
con la idea.
Pero eso no es todo y las cosas no sólo se le complican a Antich
en el entorno turístico, sino también en su propia casa. Porque dos
de los partidos que forman parte del Govern "Esquerra Unida y Els
Verds" han exigido que la ecotasa sirva únicamente "si algún día
llega a hacerse realidad" para invertir en política medioambiental,
negándose a apoyar el proyecto si se utiliza para la rehabilitación
de espacios turísticos, tal como propone el conseller del ramo,
Celestí Alomar. Lo peor del caso es que EU y Els Verds han hecho
pública su postura a través de un manifiesto presentado ante el
Parlament. Es decir, con luz y taquígrafos, en lugar de hacerlo en
el seno del propio Govern, en privado, como deben discutirse las
diferencias internas de un Gobierno.
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