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L.T. Enrique Morell, magistrado instructor del caso de supuesto espionaje informático denunciado por el actual Govern, ha ordenado al Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía que investigue el llamado «caso e-mail», para esclarecer si ha existido o no delito informático, según han confirmado fuentes judiciales. A partir del lunes se prevé que efectivos de este grupo de investigación se pongan en contacto con el funcionario Sebastià Vallori, en cuyo correo electrónico se recibían los mensajes desviados del correo electrónico del entonces presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme del CIM, Francesc Quetglas.

Esta operación, según la denuncia del actual Govern, se mantuvo desde marzo de 1998, cuando el presidente del Govern era Jaume Matas. El Grupo de Delincuencia Económica también contactará con el consejero delegado de Bitel, Enric Adán, y con otros directivos de la empresa para conocer de pimera mano la versión que sobre lo sucedido aporte Bitel, servidor con el que trabajaban tanto el Govern como el Consell Insular de Mallorca en el momento en el que se produjo el supuesto espionaje informático denunciado por el Govern que preside el socialista Francesc Antich.

Cabe señalar que Enric Adán acudió el viernes al juzgado número nueve para entregar una serie de documentos que habían sido solicitados por el magistrado Enrique Morell, que instruye el caso, así como cuestiones relativas a las explicaciones oficiales que dio Bitel para justificar el desvío del correo electrónico de Francesc Quetglas hacia el Govern, hecho que el consejero delegado de Bitel atribuyó a un «error tipográfico» que no escondía ninguna motivación política.