Durante la presentación de la campaña Náutica 2000, Cirer
explicó que el Govern balear, el Ministerio de Interior y la
Secretaria de Estado para la Seguridad «no están más preocupados
que en otras ocasiones», ya que «la situación de riesgos no es
peor» que en años anteriores. La delegada gubernamental señaló que
el envío de cartas de extorsión a empresarios mallorquines «parece»
que es una pauta de comportamiento que se corresponde «al envío
masivo, o mailings» que la banda terrorista «hace a nivel nacional»
y que ha podido tener como objetivo el sector turístico.
En relación con la posible presencia de simpatizantes de ETA que
pudieran efectuar labores de seguimiento en Mallorca, Cirer precisó
que, fruto de la política de acercamiento de presos al País Vasco,
ha desaparecido el factor de riesgo que podría llegar a representar
las visitas de familiares a miembros de ETA encarcelados hasta hace
unos meses en Palma. Según los datos de que dispone Delegación del
Gobierno, en torno a tres o cuatro empresarios de las Islas
vinculados al mundo del turismo han recibido cartas en las que la
banda terrorista les amenaza en caso de que se nieguen a pagar el
'impuesto revolucionario'. La banda terrorista reclama a cada uno
de ellos cantidades que oscilan entre los 50 y los 60 millones de
pesetas.
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