La escalada del precio de los carburantes ha provocado ya el
anuncio de un boicot a Repsol YPF por parte de los consumidores y
asociaciones profesionales diversas que puede extenderse a las
otras petroleras que operan en el territorio nacional. Ayer mismo,
el precio del barril de crudo Brent alcanzó su máximo histórico, lo
que hace que las previsiones para el futuro inmediato sean muy poco
halagüeñas.
La culpa la tiene el precio del petróleo, pero no toda. No hay
que olvidar que en España los carburantes tienen un importante
gravamen fiscal. El portavoz socialista Jesús Caldera aseguraba que
en el año 2000 el Gobierno está recaudando mil millones más diarios
por el impuesto de carburantes y otros mil por el IVA de los
mismos. Es evidente que las arcas del Estado no están sufriendo
ninguna crisis. Todo lo contrario de lo que les ocurre a tantos
profesionales cuya actividad depende del gasóleo.
La reivindicación de los consumidores, particulares y
profesionales, es que se adopten medidas de carácter inmediato para
reducir los impuestos sobre las gasolinas y los gasóleos, al tiempo
que se solicita la creación de un gasóleo profesional a un menor
precio.
Pero a medio y largo plazo es preciso que se liberalice el
mercado, puesto que el monopolio de hecho existente en nuestro país
hace que las petroleras obtengan grandes beneficios e incrementen
los precios sin temor a sufrir los efectos de la libre competencia.
Y tampoco son válidos los argumentos de las petroleras y los del
Gobierno cuando aseguran que España tiene los precios más bajos de
la Unión Europea, por cuanto los ingresos medios de los ciudadanos
de otros países comunitarios son todavía superiores a los nuestros.
Si no se adoptan de forma inmediata soluciones, el incremento
continuado de los carburantes puede poner en jaque todas cuantas
previsiones económicas puedan hacerse.
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