El Govern de les Illes Balears ha decidido, por segundo año
consecutivo, abonar un complemento a las pensiones no
contributivas, es decir, las más bajas. Es un remedio insuficiente,
sin duda, pero que en algo contribuye a paliar las condiciones de
vida de unas personas que perciben algo más de 40.000 pesetas al
mes y poco más.
No deja de ser sorprendente que tenga que ser la Comunitat
Autònoma la que haga frente a esta injusticia y que el Gobierno
central se ampare en la macroecomía y en las excelentes cifras de
crecimiento y descuide sus deberes sociales más evidentes.
Es evidente que unas pensiones no contributivas situadas por
debajo del salario mínimo interprofesional, con unos costes de vida
realmente inasumibles para quienes las perciben, no son
precisamente un ejemplo de bienestar social, sino más bien todo lo
contrario. Esto debiera mover a reflexión al Gobierno de Aznar,
satisfecho con su déficit cero, un déficit conseguido a base de
recortes en los gastos sociales.
No es suficiente con que las grandes cifras nos sean favorables,
es preciso que el común de los ciudadanos del país perciban mejoras
en su modo de vida y, como no puede ser de otro modo, también
deberían percibirlas los pensionistas más desfavorecidos.
Mientras esto no suceda, la brecha abierta entre ricos y pobres
seguirá siendo una trinchera insalvable cuando llegue el momento de
la madurez. No basta con llenarse la boca con palabras como
solidaridad, justicia o igualdad, es preciso tener los pies en el
suelo y adoptar medidas concretas por parte del Estado para que
realmente los ciudadanos sean los de un país de primera línea y no
unos marginados en un mundo de opulencia.
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