El Govern balear ha dado un importante paso adelante al ampliar el
trayecto ferroviario hasta sa Pobla, pero después de tanto esperar
la llegada del tren, la frustración supera a la alegría. El motivo
no es otro que las tarifas aprobadas, que han sorprendido por sus
elevados precios, incongruentes con la política de popularización
del transporte público que todo gobierno de izquierdas debe
fomentar. Algo que ya han criticado de forma clara y contundente
organizaciones como el GOB e Izquierda Unida, coalición política
que forma parte del Pacte.
Todos sabemos que Mallorca está saturada por coches y más coches
que a menudo viajan con una sola persona a bordo, de forma que la
contaminación, el ruido, el colapso de las carreteras y el gasto
energético se multiplican de forma alarmante. Los ecologistas, y
muchísimos ciudadanos conscientes del problema, reclaman desde hace
tiempo una mejora plausible del transporte público, especialmente
del tren, que reduce el impacto ambiental y la contaminación con
respecto a otros medios, como el autobús.
Pues bien, el Govern de Francesc Antich ha conseguido lo que
muchos esperaban, que el tren incrementara su recorrido, para
satisfacer las necesidades de transporte de localidades como sa
Pobla, Muro y Llubí. Pero las tarifas, que casi alcanzan las 900
pesetas para un viaje de ida y vuelta, son insoportables para los
bolsillos de la mayoría de los ciudadanos que tienen que hacer el
trayecto a diario.
Hay que rentabilizar las enormes inversiones efectuadas, pero no
a costa del ciudadano, que dará la espalda a este medio de
transporte por considerar que no se ajusta a sus posibilidades. El
tren de sa Pobla no debe ser sólo para los turistas. Debe ser,
sobre todo, para los residentes. Al haber aumentado de forma
exagerada las tarifas y no haber presentado ya unos bonos a precios
más reducidos, el Govern ha cometido una gran torpeza, que debe
rectificar con urgencia.
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