La entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería ha provocado las
primeras reacciones contrarias a esta normativa porque, en opinión
de algunos partidos políticos, sindicatos y ONG, recorta los
derechos de los inmigrantes extranjeros que se encuentran en el
Estado español. Esquerra Unida de les Illes Balears convocó ayer
una manifestación frente a la Delegación del Gobierno para
protestar contra esta ley y reivindicar el derecho de los
trabajadores a un trabajo digno.
David Abril, portavoz de EU, manifestó que su partido va a
proponer al resto de los partidos del Pacte de Progrés «la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad de la ley,
basada en aspectos jurídicos, en cuanto a derechos humanos
básicos». Miquel Rosselló, coordinador de EU de Mallorca, agradeció
la asistencia a este «acto testimonial», en repulsa a una ley, que
«convierte a los extranjeros en ciudadanos de segunda en un estado
de derecho».
Cerca de doscientas personas participaron en la movilización,
cuyo principal objetivo fue expresar su rechazo a la medida de
expulsión de los trabajadores extranjeros en situación irregular y,
en general, a la política inmigratoria del Gobierno del PP. En la
manifestación participaron el conseller de Treball i Formació,
Eberhard Grosske; el director general de Serveis Socials, Antoni
Sancho; la concejal de EU en el Ajuntament de Palma, Margalida
Thomàs; el director general d'Habitatge, Jaume Carbonero; el
responsable de CITE-CC OO, Mustafá Boul-Harrak, y el delegado
diocesano d'Acció Social, Pere Noguera, además de varios ciudadanos
extranjeros.
Encabezó la manifestación una pancarta con el lema «Papers,
treball i dignitat» y durante la protesta pudieron escucharse
consignas como «La Ley de Extranjería es una porquería».
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