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El Gobierno acaba de dar el visto bueno al polémico Plan Hidrológico Nacional (PHN), un proyecto de reparto del agua entre comunidades autónomas que ha generado poco menos que una guerra. Lo más controvertido del plan es la idea de trasvasar a comunidades limítrofes el agua del Ebro, con lo que Aragón ha puesto el grito en el cielo, alegando que supone un «certificado de defunción» para la región. En cambio, los beneficiarios de ese trasvase, como Murcia y la Comunidad Valenciana, dan palmas de alegría.

El PHN era la gran asignatura pendiente del Estado. Lo lamentable es que se haya politizado y se haya producido un enfrentamiento entre comunidades autónomas. Obviamente, no se puede pretender hurtar a Aragón el agua que necesita para sus propios regadíos, pero tampoco se puede admitir que se pierda en el mar el agua que demandan otras comunidades faltas de recursos hídricos. Ahora bien, un plan hidrológico para el siglo XXI no puede proyectarse con la visión desarrollista de los últimos años del franquismo. El modelo ha cambiado y hoy se exige una nueva sensibilidad, más respetuosa con el agua, que rechaza, por decimonónica, una agricultura basada en regadíos derrochadores.

El plan comienza su andadura parlamentaria y habrá que ver si se puede mejorar con aportaciones de los distintos partidos. De momento, la primera víctima del plan ha sido el PSOE, que ha visto como dos importantes barones del partido "Ibarra y Bono" no seguían las directrices de Zapatero.

Por lo que respecta a Balears, no hay que olvidar que el Govern votó en contra pese a la inversión multimillonaria prevista para las Islas. ¿Es un proyecto que perjudica a nuestra Comunidad o simplemente había que oponerse porque lo presentaba el ministro Matas? Aquí no hay trasvases de agua entre comunidades, pero sí hay una acuciante necesidad de resolver de una vez por todas el problema del agua. Para ello hace falta el dinero del Plan Hidrológico Nacional.