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El Govern balear ha solicitado un informe jurídico para defender que los Consells Insulars no expropien carreteras cuando reciban las competencias. El Ejecutivo autonómico está a la espera de recibir el documento jurídico para presentarlo en la próxima reunión que desbloquear el traspaso de las competencias de carreteras a las instituciones insulares.

Fuentes del Govern han argumentado que Balears perdería el dinero del convenio de carreteras si aprovechase el traspaso de las competencias para ceder a los Consells la posibilidad de expropiar terrenos. «El Gobierno de Madrid aprovecharía este traspaso de competencias para rescindir el convenio de carreteras y dejar a Balears sin miles de millones para nuevas inversiones», planteó un alto cargo del Govern. Precisamente, el Ejecutivo está a la espera de disponer del informe jurídico para convocar una nueva reunión con los Consells con el fin de llegar a un acuerdo para el traspaso de las competencias de los Consells. El convenio de carreteras incluía inversiones por valor de 53.000 millones durante ocho años y muchos de los proyectos no se están ejecutando ante las divergencias entre el Govern y Madrid sobre el diseño de las carreteras.

El Consell de Mallorca decidió bloquear hace dos semanas la cesión de competencias en materia de carreteras del Govern a las instituciones insulares. El principal punto de discrepancia entre ambas instituciones era los mecanismos elegidos por el Govern para hacer efectivas las expropiaciones de terrenos para la mejora de las actuales carreteras. Según uno de los negociadores del traspaso, la propuesta del Govern era que la Conselleria d'Obres Públiques debía ejecutar los trámites administrativos de la expropiación. Una vez concluida esta fase, el Govern pretendía que el Consell asumiese esta competencia y fuese el encargado de realizar el pago a los expropiados.

La institución insular era partidaria de negociar las distintas expropiaciones "con exclusión de aquéllas que no supongan cuantías importantes de dinero" para tratar de llegar a acuerdos concretos con el Govern en cada una de estas acciones. En algunas de las reuniones mantenidas se había fijado que la transferencia iría acompañada de una dotación económica de 6.600 millones de pesetas en tres años, con una inversión adicional por parte del Govern de 2.000 millones a lo largo del trienio. A partir del cuarto año, la dotación económica pasaría de 6.600 millones a 8.600 millones.