Trabajadores prejubilados de Balears pertenecientes a importantes
empresas de ámbito nacional perciben parte de su indemnización por
pérdida del puesto de trabajo del Inem en concepto de ayudas al
desempleo pese a que tienen ingresos de su ex empresa que superan
las 350.000 pesetas al mes y en algunos casos son superiores al
millón de pesetas. En cambio, como denuncia UGT, hay trabajadores
con más de 50 años que no encuentran trabajo, han agotado los dos
años de paro, o personas que no tienen de qué vivir, y se les niega
por parte del Inem una ayuda familiar. «Es una discriminación y una
injusticia», señala indignado el secretario general de UGT en las
Islas, Lorenzo Bravo.
Este es el caso, por ejemplo, de los ex trabajadores de GESA que
hace un par de años, concretamente en 1998, fueron afectados por un
expediente de regulación de empleo. Los sindicatos ante la
exigencia de la compañía de recortar plantilla, llegaron a un
acuerdo para prejubilar a unos 500 trabajadores con una
indemnización mensual equivalente al salario que percibían. Unas
indemnizaciones que llaman la atención por su cuantía ya que
alcanzan como mínimo las 375.000 pesetas e incluso hay quien supera
el millón al mes.
Durante los dos primeros años estuvieron cobrando la prestación
por desempleo (el llamado paro), completando la empresa el resto
del dinero hasta llegar a la cuantía pactada. Una vez superado el
tope de cobro de una prestación por desempleo (en el mejor de los
casos son 24 meses) el Inem sigue pagándoles parte de su
indemnización. En concreto, les concede un subsidio, una ayuda
familiar, al que no tendrían acceso si el dinero que perciben de
GESA en concepto de prejubilación fuera un ingreso en lugar de una
indemnización.
Bravo apunta que no tiene nada en contra del acuerdo al que
llegaron los sindicatos con la empresa para garantizar el cobro
íntegro de los salarios como consecuencia de una regulación de
empleo sino a la maniobra de «Martín Villa (presidente de ENDESA)
para conseguir que el Inem pague parte de esta indemnización con
dinero de todos los ciudadanos».
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