La ley de extranjería provocará conflictividad social, según Grosske

«Aquí estamos debatiendo cómo actuamos para integrar de una manera razonable y armoniosa este fenómeno y las cosas que se están haciendo desde el Estado apuntan a una integración no armoniosa y conflictiva», insistió el conseller. A su juicio, la cantidad de inmigrantes que entran en España es un tema «solventado entre las fuerzas políticas del Estado» y a las administraciones autonómica, insular y local les corresponde trabajar por el bienestar de estos inmigrantes.

Grosske criticó la ley de extranjería por negar a los inmigrantes «derechos fundamentales de la persona», como los de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga, y también la nueva reforma del mercado laboral, que permite el empleo de inmigrantes con contratos de formación. «Si a esto se añaden las paridas de carácter ideológico que se hacen desde diversos ámbitos en contra de la inmigración como factor disolvente de las identidades colectivas, tenemos un cóctel muy malo», indicó.

Grosske declaró que si el informe pedido al Consell Consultiu por el Govern confirma la inconstitucionalidad de la ley de extranjería, el Ejecutivo balear recurrirá al Tribunal Constitucional y consideró que «el PSOE, a nivel de Estado, ha patinado con esta cuestión». «No se puede sostener que es una ley inconstitucional sin actuar en consecuencia. El PP no se toma en serio la oferta de Zapatero», explicó el conseller de Trabajo, quien se mostró «muy contento de la posición del Govern y de Antich».