El conseller de Trabajo, Eberhard Grosske, aseguró ayer que con la
ley de extranjería «el Gobierno del PP ha apostado por un modelo de
sobreexplotación y de represión de la inmigración que se traducirá
en conflictividad social». Grosske, que hizo estás declaraciones
antes de inaugurar unas jornadas para la formación de profesionales
en materia de inmigración organizadas en Palma por el Govern y el
Consell de Mallorca, señaló que «las cosas pintan mal, porque
estamos ante un fenómeno absolutamente imparable».
«Aquí estamos debatiendo cómo actuamos para integrar de una
manera razonable y armoniosa este fenómeno y las cosas que se están
haciendo desde el Estado apuntan a una integración no armoniosa y
conflictiva», insistió el conseller. A su juicio, la cantidad de
inmigrantes que entran en España es un tema «solventado entre las
fuerzas políticas del Estado» y a las administraciones autonómica,
insular y local les corresponde trabajar por el bienestar de estos
inmigrantes.
Grosske criticó la ley de extranjería por negar a los
inmigrantes «derechos fundamentales de la persona», como los de
asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga, y también
la nueva reforma del mercado laboral, que permite el empleo de
inmigrantes con contratos de formación. «Si a esto se añaden las
paridas de carácter ideológico que se hacen desde diversos ámbitos
en contra de la inmigración como factor disolvente de las
identidades colectivas, tenemos un cóctel muy malo», indicó.
Grosske declaró que si el informe pedido al Consell Consultiu
por el Govern confirma la inconstitucionalidad de la ley de
extranjería, el Ejecutivo balear recurrirá al Tribunal
Constitucional y consideró que «el PSOE, a nivel de Estado, ha
patinado con esta cuestión». «No se puede sostener que es una ley
inconstitucional sin actuar en consecuencia. El PP no se toma en
serio la oferta de Zapatero», explicó el conseller de Trabajo,
quien se mostró «muy contento de la posición del Govern y de
Antich».
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