El grupo popular anunció ayer su intención de incorporarse a la
comisión de investigación del «caso Formentera» y que presentará un
nuevo plan de trabajo. El PP acordó retirarse de dicha comisión
cuando el Pacte de Progrés, con mayoría en la comisión de
investigación, rechazó tomar declaración al alcalde de Escorca,
Antoni Gómez, y al primer edil de Santa Margalida, Antonio Del
Olmo. «Volvemos a la comisión de investigación del "caso
Formentera" porque se ha rectificado y aceptan la declaración del
alcalde de Escorca», explicó Joan Flaquer, quien recordó que Antoni
Gómez fue denunciado en un juzgado por un supuesto delito de censo
irregular de votantes en su municipio.
El portavoz popular negó que existieran otras razones para el
reingreso de su grupo en la comisión que estudia la supuesta
inscripción irregular de 74 argentinos en el censo de Formentera.
Flaquer anticipó que el PP presentará «un nuevo plan de trabajo
para dar luz al 'caso Formentera'». «Los partidos del Pacte de
Progrés se han dado cuenta de que no pueden actuar con una actitud
partidista en la comisión de investigación», acusó Flaquer, quien
no desveló qué nuevo plan de trabajo propondrán los populares en la
comisión de investigación tras desvelarse los documentos del
«informe Mapau». Sin embargo, Flaquer reiteró que la postura del PP
en relación al «informe Mapau» quedó suficientemente clara tras la
última reunión de la ejecutiva. «No hay motivos para dar más
explicaciones», insistió el portavoz del grupo popular.
En relación a la decisión del PP, el diputado socialista Antoni
Diéguez la calificó de «rocambolesco» y recordó que hace sólo unos
días que la oposición había tachado este proceso de farsa. «Si va a
declarar ahora un alcalde es mera anécdota. Están viendo que las
noticias se van precipitando, que ellos no tienen intervención y
quieren participar en la comisión. Bienvenidos sean; cuantos más
seamos para aclarar las cosas, si su voluntad es aclararlas, tanto
mejor» dijo Diéguez. El diputado socialista insistió en que es
necesario que la comisión no dilate en exceso sus trabajos y confió
en que el plan de trabajo que presente el Partido Popular no
entorpezca las actuaciones, según informa Efe.
Por otra parte, el vicepresidente del Govern, Pere Sampol,
anunció ayer que su departamento ha remitido a los servicios
jurídicos de la Comunitat Autònoma todas las facturas y los
contratos relacionados con el «caso Mapau». Sampol entiende que hay
motivos para denunciar a los responsables del anterior Govern por
malversación de fondos, aunque cree que deben ser los servicios
jurídicos de la Comunitat los que dictaminen si puede haber algún
delito. Sampol recordó que el anterior Govern, a través de IBDI,
contrató a tres personas cuyo supuesto objetivo era la captación de
votos en Argentina para el PP. «Si hay delito, el Govern debe poner
en manos de la Fiscalía toda la documentación relacionada con el
'caso Formentera'», subrayó Sampol.
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