La fiscal, que subrayó que el registro podría ser una
herramienta muy útil para conocer los sectores y áreas geográficas
más afectados por los accidentes laborales, indicó que su creación
es «un trabajo ingente» para el que cuenta con escasos medios. No
obstante, confió en lograr buenos resultados y destacó también la
necesidad de que la Fiscalía General del Estado dicte una circular
en la que precise en qué casos de siniestralidad laboral
intervienen las instancias penales y cuáles deben seguir un proceso
administrativo.
Vicente explicó que la reunión con los representantes
empresariales, especialmente los del sector de la construcción, se
enmarca en las acciones comunes entre la Fiscalía, la
Administración autonómica y la Inspección laboral para coordinar
sus actuaciones con el objetivo de recortar las «dramáticas» cifras
de accidentes.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que estos
organismos deben mantener reuniones trimestrales para intercambiar
datos y facilitar las actuaciones de la policía judicial, que tanto
en la Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía cuentan
con secciones especiales contra la inseguridad en el trabajo. La
fiscal encargada de esta materia subrayó que aunque la Ley, dictada
en 1995, establece procedimientos administrativos de sanción, el
código penal prevé también el delito de incumplimiento de normas de
seguridad.
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