El Gobierno ha anunciado una «profundísima» reforma educativa
que, antes de convertirse siquiera en proyecto de ley, ha recibido
una bofetada por parte de sindicatos y estudiantes, que no han
dudado en considerarla una «auténtica contrarreforma». La conocida
ya como «ley de calidad» de la enseñanza pretende poner fin a una
serie de problemas educativos que arrastra nuestro país desde hace
décadas, aunque sindicatos, profesores y estudiantes entienden que
lo que pretende el Gobierno es volver a aquellos tiempos en que la
educación, sobre todo universitaria, era un territorio elitista,
favorecer claramente la enseñanza privada y expulsar a los alumnos
menos adelantados al mercado laboral, con una capacitación
mínima.
La huelga general del jueves fue ampliamente secundada en
distintas ciudades del país, y las manifestaciones de protesta
también fueron numerosas, especialmente en contra de la idea de
resucitar la «reválida» en el bachillerato.
Sin embargo, lo mismo alumnos que profesores saben que,
ciertamente, del sistema educativo español penden una serie de
problemas que habría que afrontar con seriedad y valentía. Entre
ellos, quizá los más graves sean un índice de fracaso escolar
altísimo y una secular falta de adecuación de lo aprendido a lo que
demanda el mercado laboral.
Las medidas a adoptar serán difíciles de consensuar, porque el
espíritu con que se enfrentan al tema políticos, educadores y
estudiantes es bien distinto. Pero es necesario un gran pacto de
Estado para que la Admiministración central y las autonómicas, tras
oír a todos los estamentos educativos, aborden la reforma de
nuestro sistema educativo. Negar que es sensiblemente mejorable y
obviar sus muchísimas deficiencias es hipotecar el futuro.
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