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N. DOMBLÀS/J. MESTRE El Gobierno central se ha ahorrado 150 millones de pesetas previstos en el Régimen Especial de Balears al no abonar todas las bonificaciones incluidas en los presupuestos para compensar el transporte de mercancías. A fecha 31 de diciembre de 2000, la Administración central sólo reconoció 276 peticiones de subvención de las 602 reclamaciones de empresarios, lo que representa el 45'8 por ciento. El resto de peticiones se quedaron sin ayudas, según los datos de que dispone la Delegación del Gobierno.

El Ministerio de Fomento había previsto una partida de 600 millones en dos años para repartir como bonificaciones por el transporte de mercancías, una compensación que figura en el Régimen Especial de Balears. Sin embargo, al finalizar el pasado ejercicio sólo estaban reconocidos 444 millones de los que se abonaron 299 millones y otros 144 están pendientes de pago. La Administración central ha rechazado la mayor parte de las solicitudes de ayudas al entender que la documentación se había presentado fuera de plazo. En muchos casos la información facilitada por las empresas estaba incompleta, según Fomento.

Precisamente, uno de los graves problemas que ha padecido el sector del transporte de mercancías ha sido el complejo entramado burocrático para poder acceder a las ayudas previstas. Hasta 1'6 millones de documentos presentados por las empresas de transporte han tenido que ser revisados antes de conceder las ayudas. La propia delegada del Gobierno en Balears, Catalina Cirer, solicitó al ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, que revisase el decreto que regulaba la tramitación que debían seguir las empresas de transporte para tener derecho a las ayudas previstas en el Régimen Especial de Balears.

Una reunión celebrada en Palma en noviembre del pasado año, y que contó con la presencia de representantes del Govern, sirvió para analizar distintas fórmulas con el fin de agilizar la concesión de las bonificaciones. Precisamente, en dicha reunión se acordó que los empresarios que ya hubiesen solicitado ayudas debían presentar una declaración jurada para garantizar la validez de toda la documentación presentada previamente. La intención era que los técnicos hiciesen un muestreo para comprobar que la información aportada es la correcta, pero no se revisarán todos los expedientes.