El PP ha enviado cartas a los emigrantes de Balears para explicar
su versión sobre la supuesto «operación Mapau» para captar votos en
Argentina. El coordinador general del PP balear, Josep Juan
Cardona, ha remitido una comunicación a los emigrantes que
asistirán a la reunión del Consejo de Comunidades que se celebrará
el viernes en Buenos Aires, y que contará con la presencia de
representantes del Govern.
En la carta, Josep Juan Cardona dice que «acusaciones atribuidas
al Partido Popular, como la manipulación y la inscripción de
difuntos en el CERA, sólo pueden ser fruto de la maldad o la
ignorancia de los acusadores». «Y es que ahora "dice la carta del
PP" en Balears se registra una lucha política emprendida por el
actual Govern, integrado por una amalgama de fuerzas políticas,
cuyo objetivo es deteriorar la imagen del entonces presidente Jaume
Matas y su gobierno. En estas rencillas os están utilizando a
vosotros de la misma manera que ponen en tela de juicio al cuerpo
diplomático y al Ministerio de Asuntos Exteriores».
El coordinador del PP balear comunica a los emigrantes que
participarán en la reunión del Consejo de Comunidades que «el
Govern que presidió Jaume Matas siempre actuó dentro de la más
estricta legalidad y siempre trabajó para ayudar a las Casas de
Balears en el exterior». «Cualquier afirmación en sentido contrario
solamente obedece a estrategias dirigidas para provocar el
desprestigio de nuestra formación política y el de sus máximos
dirigentes». La carta remitido a emigrantes ha sido registrada
también en la Conselleria de Presidència para que el titular de
dicho departamento, el socialista Antoni Garcías, lo presente en el
Consejo de Comunidades que se celebrará a partir del viernes en
Buenos Aires.
La comisión de investigación que estudia el empadronamiento
masivo de emigrantes en Formentera se negó ayer a aceptar ninguna
de las peticiones de comparecencia que había solicitado el PP. El
PP había pedido la presencia de la alcaldesa de Calvià, Margarita
Nájera, para que explicara el informe Maquiavelo, y la del diputado
de la COP, Santiago Ferrer, para que explicara su punto de vista
sobre el caso. El Pacte no aceptó ninguna de estas peticiones y se
negó a aceptar la comparecencia de diversos representantes de los
ayuntamientos de Muro y Santa Margalida.
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