La Fiscalia de Medi Ambient atribuye los delitos ecológicos al aumento demográfico

Salazar ha declarado que «además de las denuncias sobre derramamientos y vertidos, también destacan las referidas a caza e incendios. Por lo que respecta a la actividad cinegética, cabe recordar que se registran casos de muerte de halcones y otros animales protegidos por el efecto del veneno. En cuanto a los incendios, es muy difícil descubrir al autor. Las causas pueden ser fortuitas y, si no lo son, resulta muy complicado averiguar quién ha sido el responsable si no es encontrado in fraganti. Faltan pruebas».

Esta dificultad para encontrar a los culpables de agresiones al medio ambiente es de tipo general y más complicado incluso es poder imputar un delito. Según Salazar, «en primer lugar tiene que haber al menos una infracción administrativa, pero, penalmente, resulta muy difícil acreditar un delito y el culpable». Además, añade Salazar, «el delito ecológico sólo se substancia cuando se constata un grave perjuicio para la salud, un peligro real, no potencial».

El fiscal señala que «en numerosos casos de denuncia de delitos ecológicos, la Administración aparece como responsable. En el caso de los derramamientos de aguas residuales, podemos encontrar el origen en el funcionamiento deficiente de las estaciones depuradoras, que dependen en su práctica totalidad de la Administración. Por lo que hace a los vertidos incontrolados o ilegales de residuos, son los ayuntamientos los que aparecen como responsables por acción u omisión. No obstante, los vecinos y propietarios de fincas colindantes suelen presentar denuncia». Adrián Salazar atribuye la proliferación de derramamientos y vertidos «al crecimiento incontrolado de la población y de la capacidad de consumo en un territorio limitado como el nuestro».