La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado que el Govern del
Pacte de Progrés utiliza «malabarismos procesales, aunque legales»
para «torpedear» reivindicaciones salariales básicas de sus
trabajadores. En concreto, se refiere a que el gobierno "«como
gobierno progresista que es» señala Manuel Fernández" en lugar de
acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears
(TSJB) que reconocía el derecho de todo el personal laboral con más
de tres años de antigüedad a cobrar el plus de antigüedad
independientemente de ser fijo, «recurrió ante el Supremo».
Y, el Tribunal Supremo ha echado atrás la sentencia del TSJB por
un defecto de forma, concretamente «por acumulación indebida de
acciones» (se pedía el reconocimiento del derecho a la antigüedad y
el reconocimiento de cuantía económica cuando sólo se puede hacer
una petición). Ello ha obligado a USO a iniciar de nuevo todo el
proceso y presentar una nueva demanda (en esta ocasión sólo de
reconocimiento de derecho para una vez conseguido el objetivo
plantear las reclamaciones económicas). La vista tuvo lugar el
pasado viernes y ahora se está a la espera de sentencia.
El sindicato USO considera que esta «discriminación» la sufre un
centenar de trabajadores y muchos de ellos con más de diez años
trabajando para la Administración con contratos, principalmente,
por obra y servicio. La cuantía por un trienio ronda las 5.000
pesetas al mes. Esta central sindical manifiesta, respecto a este
conflicto, que «curiosamente hay trabajadores, que aun no siendo
personal laboral fijo, están percibiendo el complemento de
antigüedad, al ser personal transferido de otras administraciones
públicas y allí sí lo tenían reconocido».
USO califica de «sorprendente» el recurso que presentó el Govern
del Pacte ante el Supremo. «Es increíble que quienes dicen ser
abanderados del progreso impugnen resoluciones judiciales que
fundamentan y favorecen derechos básicos de los trabajadores».
«Pero lo sorprendente de esta impugnación es que sin entrar en el
meollo del asunto, la Administración de la Comunitat, ha utilizado
el malabarismo procesal para que sea anulado el procedimiento por
acumulación indebida de acciones, consiguiendo que todas las
actuaciones administrativas se retrotraigan al principio de la
demanda.
La central sindical pide al conseller d'Interior del Govern,
Josep Maria Costa, y al director general de Funció Pública, Jaume
Colom, que se dejen de estos «malabarismos» y eviten estas
discriminaciones salariales.
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