La Conselleria de Treball i Formació ha exigido ya formalmente al
Ajuntament de Palma, CC OO, CAEB y la Fundació Universitat Empresa,
la devolución de un montante global de 13.655.122 pesetas por
distintas irregularidades detectadas en nueve cursos de formación
cofinanciados por la Unión Europea en la etapa del PP y auditados
por el Govern. Al respecto, el conseller de Treball i Formació,
Eberhard Grosske, expuso que ahora se está en el plazo de
presentación de alegaciones por parte de los operadores formativos
y que, de momento, ya es seguro que el Ajuntament de Palma
planteará un recurso contencioso administrativo. Lo más probable es
que el resto de afectados sigan el mismo camino.
La Conselleria esperará a que concluya la vía administrativa en
el caso del Ajuntament de Palma para plantear la apertura de la vía
judicial contra Cort, ya que las auditorías y los informes
jurídicos realizados ponen de manifiesto un posible fraude y, como
dijo Grosske en su día, «falsedad en documento público». A la CAEB
se le pide que devuelva 7'5 millones; 2 millones, a CC OO; algo
menos de medio millón de pesetas a la Fundació Universitat Empresa;
y 3'6 millones a Cort (el 100% de los dos cursos auditados).
Eberhard Grosske y el director general de Formació del Govern,
Francesc Obrador, señalaron asimismo que después del verano se
conocerán los resultados de las auditorías realizadas a otros
sesenta cursos de formación que se aprobaron en la etapa del
PP.
Obrador y Grosske presentaron ayer en rueda de prensa el plan de
acciones formativas del Pla Enllaç para el periodo octubre de
2001-octubre de 2002 y que contemplan una inversión de 2.400
millones. A esta cantidad se suman otros programas formativos, como
el Plan FIP (inserción y reincorporación a la vida laboral activa
de los jóvenes y mayores con dificultades) o servicios de
orientación, estudios y acciones complementarias. En total, el
Govern destinará 5.300 millones para la formación y se prevé que
20.000 personas se beneficien de ella.
El conseller Grosske destacó que, después de haber recibido el
visto bueno de la Unión Europea, de estos cursos de formación
también se podrán beneficiar los inmigrantes. «Las acciones
formativas estarán abiertas a los inmigrantes que cuenten con
permiso de trabajo o residencia o estén en trámites», dijo Grosske,
quien además puntualizó que podrán acudir a los servicios de
orientación sociolaboral y ser atendidos en ellos
independientemente de su situación legal. «Se trata de no dejar
excluidos a quienes están esperando su permiso de trabajo»,
manifestó el conseller.
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