En el pleno del Ajuntament de Palma celebrado ayer se debatió sobre
las licencias de taxi concedidas por Cort en 1992. Una reciente
sentencia del Tribunal Supremo declaraba inadecuada «al
ordenamiento jurídico» la convocatoria de concesión. Para el
teniente de alcalde de Governació i Funció Pública de Cort, José
Manuel Sierra, la sentencia del Supremo «sólo indica que se cometió
un error administrativo, que fue no haber notificado personalmente
la convocatoria del concurso a todos los posibles aspirantes», dijo
en el pleno.
El regidor del PSM-EN Gabriel Barceló pidió la creación de una
Comissió de Control i Fiscalització, y señaló: «La solución no será
sencilla, ya que puede haber consecuencias personales». La regidora
socialista Maria Antònia Ferrari señaló, por su parte, que «en la
actualidad circulan 46 vehículos con 46 licencias declaradas
nulas», indicó. El regidor de EU-EV, Jordi López, y el portavoz de
UM, Ferran Trujillo, apoyaron, al igual que Ferrari, la creación de
la mencionada comisión.
Sierra indicó que la sentencia, «que Cort acatará en tiempo y
forma», sólo afectaba a 24 licencias, e indicó que en 1992 «el PSOE
y el PSM se abstuvieron en la concesión de las licencias, y UM, en
aquel tiempo coaligada con el PP, votó a favor», señaló, para
añadir: «Pero aquí parece que lo único que interesa es crucificar
al PP». Poco después el debate se serenó y Barceló indicó que su
grupo estaba dispuesto a «sentarse para encontrar un acuerdo entre
todas las partes, lo menos traumático para todos, pero por supuesto
dentro de la legalidad», señaló.
El secretario de Cort, Agustín Estela, señaló que la sentencia
habla de «anulabilidad, que es un grado menor que una nulidad
radical», dijo, para añadir que aún no se había recibido el
expediente de la sentencia. Finalmente, el pleno de Cort aprobó,
por unanimidad, la creación de una Comissió de Seguiment.
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