JAVIER RODRÍGUEZ02/06/01 0:00
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Los propietarios de las explotaciones donde se ha detectado un caso de «vaca loca» no tendrán que sacrificar a todas las reses de su cabaña si no lo desean tras el dictamen de la Unión Europea en el que se señala que a partir de 1 de julio se podrá optar por los sacrificios masivos o selectivos, según consta en los documentos en poder de Gabriel Company, secretario general de Asaja-Balears. De esta forma, el propietario de la explotación Can Francina de Campos, finca donde se detectó el único caso mallorquín de encefalopatía espongiforme, podrá escoger entre sacrificar a las 300 reses que forman su rebaño, (sacrificio masivo), y cobrar las ayudas correspondientes o sacrificar sólo a los descendientes del animal afectado y a aquellos que se encontraban en la explotación una año antes y otro después de que naciera.

Esta posibilidad de escoger, sin embargo, según Company, deberá contar con el visto bueno de la conselleria ya que la Comisión comunitaria establece que se podrá optar por una u otra medida, «según las condiciones de los focos localizados». Company calificó la noticia de «extraordinaria» y recordó que su asociación, Asaja, trasladó esta petición al Ministerio de Agricultura y Pesca y que este departamento, a su vez, la llevó a Bruselas a través de una petición oficial, «de revisión de la normativa de sacrificio de las explotaciones afectadas». De esta forma, los representantes del MAPA pidieron ante el Comité Veterinario Permanente que se zanjara «cuanto antes» esta cuestión.

El propio conseller d'Agricultura i Pesca del Govern balear, Mateu Morro, defendió esta tesis y aseguró que «no existe» ningún fundamento científico y sanitario que avale el sacrificio masivo de las explotaciones afectadas. El conseller, en este sentido, aseguró que dilataría el sacrificio de las explotaciones afectadas, (la citada Can Francina y la de sa Torreta Saura de Menorca, con 45 reses), en previsión del cambio de normativa que se ha confirmado en estos días.

En la misma reunión, la Unión Europea acordó prorrogar la prohibición de alimentar a las reses con harinas animales y decidió unificar en 30 meses la edad obligatoria para hacer los test priónicos ya que, según las diferentes comunidades, estas pruebas se realizan a los 24 o a los 30 meses. Por último el Ministerio del ramo se ha comprometido, según asegura Company, a publicar «en breve plazo» la orden que establece la reducción de módulos del IRPF que Madrid prometió a los payeses de Balears para paliar los efectos de la sequía.